El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU al considerar que presenta un análisis sesgado y omite avances recientes en materia de búsqueda e investigación, en un contexto marcado por señalamientos internacionales sobre la situación de derechos humanos en el país. La administración federal sostuvo que el documento no incorpora información actualizada entregada el 27 de marzo y afirmó que sus conclusiones no coinciden con la definición de desaparición forzada del propio comité ni con los cambios institucionales impulsados en los últimos años. Según el posicionamiento oficial, el procedimiento utilizado por el Comité está diseñado para contextos en los que las desapariciones son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo que, indicó, no corresponde a la realidad actual del país. Además, señaló que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, y en casos de cuatro entidades, por lo que consideró que su alcance es parcial. El Gobierno también subrayó que el propio Comité reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas de manera sistemática contra la población civil. Críticas al informe y reformas destacadas En su respuesta, la autoridad cuestionó el rigor jurídico del Comité y su interpretación de instrumentos internacionales, además de señalar posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes. Asimismo, defendió que en la actual administración se han impulsado reformas legales e institucionales para atender el problema, entre ellas la creación de herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. También destacó la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte y la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales como parte de los cambios implementados. El Gobierno reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y aseguró que mantiene cooperación con organismos internacionales, aunque advirtió que esta debe basarse en diagnósticos que reflejen la situación actual del país.