De acuerdo con Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, existen diversos factores que justifican un incremento en el precio de la tortilla, el cual estima que podría subir entre 2 y 4 pesos. El principal argumento es el aumento general en los costos de producción, ya que los dueños de tortillerías han enfrentado incrementos en el pago de renta, luz, agua, cuotas del seguro social, gas, fletes, papel grado alimenticio y refacciones. Además, en un video grabado habló de un inminente aumento en el precio de la harina a partir del 15 de abril.Sostuvo que el precio de las gasolinas ha subido hasta 3 pesos en días recientes, lo que eleva significativamente los costos de movilización y transporte para los negocios. El líder tortillero argumenta que el precio de la tortilla ha permanecido sin ajustes durante 3 años, e incluso hasta 5 años en algunas regiones, lo que ha generado un déficit económico estimado del 16% para el sector. Sostuvo que hay una fuerte competencia desleal por parte de negocios informales que no pagan impuestos e incluso cometen actos ilícitos como el presunto robo de luz (diablitos) o venta a precios muy bajos por no cumplir con ninguna norma. En su video, indicó que los costos de producción calculados indican que producir tortilla de harina de maíz cuesta más de 25 pesos y la de masa de maíz más de 22 pesos, lo que vuelve insostenible mantener precios bajos. López García también subrayó que el precio de la tortilla está liberado desde los años 90, por lo que cada negocio tiene la facultad y responsabilidad de fijar su precio basándose en sus propios costos de producción, sin que instituciones como Profeco tengan la facultad de fijarlo o sancionarlos por ello. En Ciudad de México, la tortilla cuesta 21.72 el kilo, en Guadalajara está a 26.23 y en Monterrey a 25.38. Según información oficial, la ciudad con la tortilla más cara es Mexicali, donde el kilogramo está a 33 pesos con 29 centavos. La postura del Gobierno y otras cámaras industriales El gobierno de México rechaza tajantemente estos argumentos. Las autoridades, respaldadas por la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT), aseguran que no existe justificación técnica ni económica para el alza, ya que no hay un aumento registrado en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz. Además, exhortan a la industria a respetar el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla para mantener la estabilidad en los precios en beneficio de los consumidores. El gobierno enfatiza que las principales empresas harineras y la mayoría de las asociaciones de la industria forman parte de este acuerdo, asumiendo el compromiso formal de mantener la estabilidad en los precios e incluso avanzar en su reducción gradual conforme a las condiciones del mercado. Se argumenta que el Acuerdo Nacional funciona como una estrategia integral que ofrece beneficios directos a las tortillerías para disminuir sus gastos, tales como el acceso a maíz y harina con precio de descuento, además de financiamiento con tasas de interés y condiciones preferentes. Frente a las presiones salariales, el gobierno señala que apoya a los empresarios a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual vincula a las tortillerías con jóvenes interesados en aprender y trabajar en la actividad. El gobierno califica las advertencias de incrementos como “sin sustento” y hace un llamado enérgico a evitarlos, argumentando que la tortilla es un alimento fundamental en la dieta de los mexicanos y que cualquier alza injustificada perjudica directamente el poder adquisitivo y el bienestar de las familias. Para respaldar esta postura y proteger a los consumidores, la Profeco argumenta que mantiene un monitoreo constante en 603 tortillerías a nivel nacional, revisa el cumplimiento de los acuerdos por parte de las cámaras firmantes y supervisa la calibración de básculas para garantizar la venta de kilos completos.