En Michoacán, principal productor de aguacates de México y parte de una región donde operan cuatro cárteles designados organizaciones terroristas por el gobierno de Donald Trump, unos estaban contentos por recuperar sus jornales diarios; otros, esperanzados ante la posibilidad de que bajen la violencia y las extorsiones, y algunos temían que la tranquilidad sólo fuera pasajera. “Vamos a estar seguros un rato; a ver qué ocurre”, comentó Valentín Rodríguez, empresario veterano.

La alerta estadunidense sorprendió a Isidro subido a un árbol de una huerta de Santa Ana Zirosto, una zona de cerros bajos y verdes de alta actividad delictiva, al oeste del estado. No hubo explicaciones, sólo el grito del capataz para que pararan el corte.

El jornalero, de 39 años y dos décadas de cortador, sabía que eso significaba empezar a buscar otro trabajo hasta que la situación se normalizara o mantener a la familia sólo con lo que ganaba su esposa en una pequeña tienda.

En una empacadora a más de 150 kilómetros de allí, en Tacámbaro, el ingeniero de turno recibió el mensaje por la madrugada. La planta quedó en una especie de cuarentena y se colocaron cintas en los accesos.

Unas 200 mil personas que emplea el sector aguacatero en Michoacán quedaron en vilo.

Las autoridades no aclararon qué amenaza detonó la alerta, pero en un estado donde operan numerosos cárteles que, además de la droga, tienen en la extorsión uno de sus principales negocios, las posibilidades son muchas.

Algunos empresarios asumen las extorsiones como parte de sus costos de producción. Uno de ellos contaba recientemente que paga al crimen organizado un peso por kilo exportado y vende cada día a Estados Unidos unas 90 toneladas, es decir, pagos diarios equivalentes a más de 5 mil dólares.

Sólo en marzo, México vendió diariamente a Estados Unidos casi 4 mil 800 toneladas de aguacate.

También se cometen robos de camiones llenos de aguacate en las carreteras del oeste del estado. Algunos jornaleros han sido retenidos y golpeados por hombres armados una zona limítrofe con Jalisco, contó uno de ellos que pidió anonimato.

Los inspectores han sufrido agresiones y retenciones, que provocaron paros similares al de la semana pasada. En alguna ocasión las amenazas surgieron cuando detectaron una plaga a fin de que no la denunciaran, dijo un funcionario que pidió reservar su identidad.