El gobierno de México plantea reformar la Ley de Inversión Extranjera para que inversionistas extranjeros puedan participar en empresas de los sectores energético, comunicaciones, transporte, aeroespacial, almacenamiento de datos, sistemas digitales, transporte, salud, minería, defensa e instalaciones sensibles con un porcentaje superior a 49%, establecido como máximo en la actualidad.

Además de tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas la inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales, de defensa, almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, nanotecnologías y biotecnologías.

“Por razones de seguridad nacional, se requiere resolución favorable de la Comisión, para que la Inversión Extranjera participe directa o indirectamente, en un porcentaje mayor al 49%, del capital social de una sociedad mexicana, en la que el valor total de sus activos, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine la Comisión mediante resolución general y tenga por estrategia alguna de las siguientes infraestructuras estratégicas, ya sea físicas o virtuales”, establece el artículo 30 Bis.

El cambio forma parte de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, de la cual La Silla Rota tiene una copia.

Contexto: la actual Ley de Inversión Extranjera de México establece que los extranjeros pueden participar, pero tienen limitada su participación de 10 a 49%.

La ley actual establece que la inversión extranjera pueda participar hasta 49% transporte aéreo nacional, transporte de aerotaxi y transporte aéreo especializado, suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario; así como radiodifusión.

La ley destaca que el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería; comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo son exclusivas sólo a los mexicanos o a las sociedades mexicanas que cuenten con la cláusula de exclusión de extranjeros.

Además, las que son exclusivas del Estado son: exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos en términos del artículo 27 de la Constitución Política Mexicana; planeación y control del sistema eléctrico nacional, servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y generación de energía nuclear.

Además de minerales radioactivos, telégrafos, radiotelegrafía, correos, correos, emisión de monedas, acuñación de moneda, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos.

Fortalece la Comisión Nacional de Inversiones

“La reforma a Ley de Inversiones Extranjera fortalece la Comisión Nacional de Inversiones con la integración de dependencias vinculadas a la seguridad, inteligencia, finanzas y sectores estratégicos”, expuso Pedro Canabal, socio de Baker Tilly en México.

Entre las dependencias que se integrarán están los titulares de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y se podrá invitar a participar en las sesiones de la comisión a aquellas autoridades y personas representantes de los sectores privados y social que tengan relación con los asuntos a tratar, quienes tendrá voz, pero no voto.

En las sesiones en las que se vaya a tratar asuntos en materia de seguridad nacional serán invitadas, permanentemente, las personas titulares de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes tendrán vos, pero no voto.

“Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá sesionar en cualquier momento, a convocatoria de la persona titular de la Presidencia, cuando los asuntos así lo requieran”, destacó.

Canabal dijo que se crea un nuevo enfoque en seguridad nacional al crear un mecanismo específico para revisar inversiones extranjeras que puedan tener implicaciones en áreas específicas.