La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y comunidades afectadas denunciaron que el derrame petrolero en la región ha impactado al menos 81 playas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, donde persisten rastros de hidrocarburos. Ante ello, exigieron acciones estructurales, atención integral y un programa de regeneración ambiental y social. A casi diez semanas de los primeros reportes de contaminación, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y comunidades afectadas advirtieron que la emergencia ambiental continúa activa y que las playas no pueden considerarse limpias. De acuerdo con el monitoreo ciudadano y recorridos realizados junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el derrame impactó al menos 113 sitios entre febrero y abril de 2026. Esto, a lo largo de 1,168 kilómetros de litoral, desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas. La organización detalló que en 16 puntos se identificaron manchas grandes de hidrocarburos y en 17 más de tamaño mediano, mientras que en la mayoría de las playas se registraron miles de fragmentos pequeños de chapopote mezclados con arena, difíciles de retirar. Además, alertaron que el hidrocarburo continúa llegando a distintas zonas del litoral. En días recientes se documentaron nuevos arribos en Punta San Juan, municipio de Pajapan, Veracruz, y en la Barra de Tupilco, en Paraíso, Tabasco, lo que sugiere la presencia de contaminantes en el fondo marino que son arrastrados por corrientes o fenómenos como los “nortes”. En este contexto, señalaron que existe una afectación marina más profunda que no ha sido suficientemente estudiada ni atendida por las autoridades ambientales. El monitoreo también reportó impactos en fauna marina, con el registro de al menos 22 tortugas marinas, 4 delfines, 2 pelícanos, 1 manatí y numerosos peces sin vida, además de posibles daños en manglares y arrecifes. “Se están minimizando los impactos ecológicos, sociales y a la salud causados por el derrame petrolero”, advirtió la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México e insistió en la necesidad de estudios integrales que incluyan sedimentos, agua, biota marina y meiofauna. También cuestionaron que las inspecciones oficiales se han centrado en la observación visual del hidrocarburo, lo que consideran insuficiente para dimensionar el daño real en los ecosistemas. En el plano territorial y social, denunciaron que las labores de limpieza han sido desiguales, priorizando zonas turísticas y urbanas, mientras que comunidades rurales, indígenas y afromexicanas han recibido menor atención. De acuerdo con su reporte, en 16 sitios la limpieza ha sido realizada únicamente por comunidades, en 36 de forma conjunta con autoridades, en 3 solo por autoridades y en 9 por Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de empresas contratadas. En cuanto a la respuesta institucional, la organización y afectados cuestionaron la actuación del gobierno federal y de Pemex, al considerar que las acciones no corresponden a la magnitud del daño ambiental. También señalaron que el reconocimiento oficial del derrame ocurrió semanas después de los primeros reportes ciudadanos, lo que retrasó la activación de protocolos de emergencia. En el ámbito económico, advirtieron afectaciones en la pesca y el turismo, con reducción de capturas, caída en la venta de productos del mar y disminución de visitantes en una de las temporadas más importantes para las comunidades costeras. Asimismo, alertaron sobre impactos psicoemocionales y sociales, especialmente en mujeres, niñas y niños, así como tensiones comunitarias derivadas de la incertidumbre, la desinformación y la distribución desigual de apoyos.